Desde hace meses un grupo de vecinos de Rocha se han manifestado en contra de la prospección sísmica con el objetivo de detectar la presencia de petróleo en nuestro océano Atlántico, La Diaria emitió un extenso informe ayer sobre la situación, la noticia para estos vecinos cayó como un verdadero balde de agua fría, de hecho en la apertura de la temporada en La Paloma se manifestaron y recolectaron firmas con el objetivo de que la actividad no se desarrolle en altamar.
El Ministerio de Ambiente (MA) otorgó la autorización ambiental previa a las cuatro empresas que solicitaron habilitación para realizar proyectos de exploración sísmica 3D en aguas profundas de Uruguay, con el objetivo de obtener datos geológicos que permitan evaluar posibles perforaciones en busca de petróleo. Las firmas habilitadas son Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS, todas con contratos previamente firmados con Ancap.
Las resoluciones, establecen que las compañías podrán trabajar entre noviembre y abril, dentro de áreas específicas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), a 150 y 300 kilómetros de la costa, en profundidades que van de 50 a 5.000 metros.
Las superficies autorizadas para cada empresa son:
Searcher Geodata: 16.450 km²
CGG Services: 12.900 km²
APA Exploration: 15.876 km² (la única que recibió la extensión total solicitada)
PGS: 13.873 km²
En los demás casos, el Gobierno limitó la prospección a cerca de un tercio del área inicialmente pedida, autorizando únicamente actividades en zonas definidas dentro de los bloques offshore 1 y 4.
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, explicó que la búsqueda de petróleo “no es nueva”, pero sí lo es “que se hará con las máximas garantías ambientales” en el marco de los contratos heredados de la administración anterior.
Según las resoluciones, los impactos acumulativos fueron considerados “de manera precautoria”, tomando en cuenta también la protección de áreas prioritarias de conservación marina. Se concluye que los impactos identificados cuentan con medidas que permiten prevenirlos, mitigarlos o compensarlos.
Ortuño destacó que se duplicaron las medidas de mitigación, se limitó el tiempo de prospección, se aumentó el control y se estableció compensación económica a la pesca.
Preocupación ambiental y recolección de firmas
Los proyectos fueron clasificados en la categoría “C”, destinada a actividades con impactos ambientales potencialmente significativos y que requieren un estudio de impacto ambiental completo.
Las áreas habilitadas se superponen con dos zonas clave para la conservación marina:
El Talud Continental, y el Área de Cría Permanente de Merluza (ACPM).
Diversas organizaciones, como Amigos del Océano, Socobioma y Mar Libre de Petroleras, cuestionan la iniciativa. Amigos del Océano presentó un petitorio con más de 1.800 firmas contra las prospecciones, mientras que Mar Libre de Petroleras continúa recolectando adhesiones en Maldonado y otros departamentos.
El biólogo Javier Sánchez Tellechea, investigador del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Udelar, alertó que la prospección supone un “serio riesgo para la fauna y los ecosistemas marinos”.
Condiciones estrictas para operar
Las habilitaciones del MA incluyen un conjunto de exigencias de cumplimiento obligatorio:
Plan de navegación previo, sin superposición con otras operaciones ni con zonas prospectadas en los últimos 5 años. Distancia mínima de 100 km entre buques sísmicos. Prohibición de activar fuentes sonoras en presencia de cetáceos, tortugas o pinnípedos en un radio de 1.000 metros; y apagado inmediato si se detectan animales en esa zona (o a 600 metros en el caso de tortugas y pinnípedos). Cuatro observadores de fauna y dos operadores acústicos a bordo en forma permanente. Compensación económica a empresas pesqueras con permisos A y C que demuestren afectación. Presentación de un Plan de Gestión Ambiental un mes antes del inicio de los trabajos, incluyendo monitoreos biológicos de peces, huevos y larvas.
El MA advirtió que las siguientes fases de la exploración quedarán sujetas a la definición del área marina protegida y a las prohibiciones que se determinen para garantizar la conservación.
Empresas objetaron las exigencias
Las compañías cuestionaron varios puntos de la resolución:
Consideran excesiva la distancia mínima de 100 km entre buques. Plantearon que el intervalo de 5 años para repetir prospecciones es demasiado amplio. Cuestionaron el período noviembre-abril por considerarlo restrictivo. Señalaron que el radio de mitigación de 1.000 metros por impactos sonoros es mayor al usado internacionalmente.
El ministerio rechazó los planteos, argumentando que las medidas se basan en modelos acústicos conservadores, en la falta de evidencia para reducir el intervalo entre prospecciones y en la necesidad de minimizar el solapamiento con épocas de pesca y reproducción de la merluza. Sobre la distancia de mitigación, sostuvo que la mantiene ante la existencia de incertidumbre científica.
